NACE
EL NUEVO PARTIDO SEGÚN TITULÓ DEL DIARIO LA NACIÓN EL 15 DE
DICIEMBRE DE 1914
La reforma electoral de Sáenz Peña permitió
la participación popular irrestricta en la elección de sus gobernantes.
La
Liga, que apoyaba calurosamente la reforma, concurrió a las
elecciones de gobernador con la formula Lisandro de la Torre
- Cornelio Casablanca. Raúl Larra en su biografía de Lisandro
de la Torre refiere los detalles de la maniobra que provoca
la derrota liguista. Corría el año 1912. La nueva agrupación
obtiene la minoría en las elecciones de diputados nacionales
por Santa Fe.
Lisandro de la Torre se incorpora
al Congreso Nacional. El líder liguista brega por reformas
que aseguran la vigencia de las autonomías provinciales y
del régimen municipal, la subdivisión de los latifundios,
además de gravarlos con impuestos, igual que al ausentismo
de sus propietarios.
Hacia
fines de 1914, se gesta un movimiento tendiente a concretar
la acción de partidos provinciales y ciudadanos independientes
que no se conforman con la perspectiva de un gobierno radical.
El 25 de noviembre de 1914 se sientan las bases de la nueva
agrupación siendo encargados de redactar un manifiesto, Lisandro
de la Torre, Joaquín V. González, Indalecio Gómez y Alejandro
Carbó.
El
14 de diciembre de ese mismo año se realizó la reunión constitutiva
en el Hotel Savoy de Buenos Aires y se constituyó la Junta
Directiva Provisional, para la que se designó presidente a
Lisandro de la Torre, e integraron J. V. González, I. Gómez,
Carlos Ibarguren, José M. Rosa, Alejandro Carbó, Carlos Rodríguez
Larreta, Mariano Demaria y otros.
El
manifiesto aprobado en la ocasión, hecho publico por la prensa,
expresa el propósito de “crear un nuevo partido que armonice
con las exigencias presentes del país, conserve lo que debe
ser conservado como vinculo de solidaridad entre las anteriores
y las nuevas generaciones, y continúe acrecentando la obra
de engrandecimiento y de cultura de la Nación”. Más adelante
dice: “Adoptamos la resolución definitiva e inquebrantable
de sostener y consolidar el sufragio irrestricto e inviolable
como único medio de llegar al fin de nuestras aspiraciones.
Creemos que el oficialismo y los resortes electorales en los
que ellos se apoyan son un recurso unánimemente repudiado
por todos los partidos en la República”.
A
propuesta de Lisandro de la Torre se resolvió que la nueva
agrupación se denominara Partido Demócrata Progresista.
Diez partidos provinciales, más núcleos independientes
y personalidades prestigiosas de la capital de la República
integraron la nueva agrupación.
Quedaron
afuera el Partido Conservador de Buenos Aires, dirigido por
Marcelino Ugarte y el Partido Provincial de Santiago del Estero,
que respondía a Victorino de la Plaza, entonces Presidente
de la República.
Dice
Carlos Ibarguren que algunos de los que habían adherido no
participaban de buena fe de los propósitos enunciados y “creyeron
que con unos cuantos hombres jóvenes y nuevos que aparecían
como dirigentes, ellos adquirirían la fuerza y la unidad que
carecían y podrían, a espaldas de nosotros, maniobrar en candidaturas
que fuesen apoyadas por gobernadores y poderes oficiales”.
En
esas condiciones se producían divergencias e intrigas, y los
conservadores de Ugarte trataban de anarquizar desde afuera.
| El
16 de octubre de 1915, la convención partidaria aprobó
el programa, redactado por Ibarguren e informado por él
con estos conceptos, entre otros: “Es pacifista en materia
internacional; autonomista y democrático en política general;
proteccionista en materia económica; mutualista, cooperativista
y previsor para la asistencia de las masas trabajadoras
en política social; innovador en la legislación jurídica.
Al centralismo ejercido desde la metrópoli por el poder
nacional, oponemos una marcada tendencia descentralizadora
en la política, en el gobierno, en la administración,
en las municipalidades, procurando desenvolver la capacidad
de las provincias para el real ejercicio de su autonomía”. |
En
materia tributaria el programa sostenía la necesidad de gravar
la riqueza, la renta y las ganancias, y aliviar los impuestos
sobre el consumo.
Propiciaba
también la creación de una marina mercante nacional, y al
proteccionismo se lo explicitaba como la defensa, mediante
la tarifa de aduanas, de toda actividad capaz de prosperar
en condiciones económicas y no al régimen inorgánico del favoritismo
hacia industrias artificiales.
Elegida
la formula presidencial Lisandro de la Torre - Alejandro Carbó,
y realizadas las elecciones nacionales el 2 de abril de 1916,
ninguno de los candidatos proclamados alcanzó la mayoría absoluta
de electores requerida por la Constitución.
La
mayoría de los electores demócratas progresistas, que respondían
a situaciones provinciales, resolvieron reunirse a los conservadores.
Finalmente, los radicales disidentes de Santa Fe, que habían
concurrido sin candidatos y se negaban a votar a Hipólito
Yrigoyen, rectificaron su posición y le otorgaron la mayoría
necesaria.
Diría después Lisandro
de la Torre: “Acepté la candidatura sin esperanzas ya en el
triunfo; pero con la gran aspiración de disciplinar y fortalecer
el Partido Demócrata Progresistas en la lucha, para que más
adelante, bajo el gobierno radical, pudiera ser un gran partido
de oposición constitucional y de llegar algún día al poder”.
En
1920, los mismos hombres que habían provocado la derrota,
procuran convencer a los demócratas progresistas -reducidos
ahora a Santa Fe, Capital Federal y pequeños núcleos en otros
distritos- a integrar una Concentración Nacional que enfrente
al Partido Radical. La respuesta es entonces: “Ustedes no
son conservadores únicamente de nombre, lo son de espíritu,
y no queremos que existan dudas respecto a mis ideas absolutamente
liberales y progresistas”.
Para
las elecciones presidenciales de 1922 el Partido proclama
su fórmula expresando así su independencia: Carlos Ibarguren
- Francisco Correa. Triunfa el Radicalismo y es elegido Marcelo
T. de Alvear.
Entre
tanto en Santa Fe, el Partido Demócrata Progresista mantiene
su fuerza que es particularmente gravitante en el sur. Obtiene
año tras año la mayoría del Concejo Deliberante de Rosario,
aunque no puede llegar a la Intendencia porque el cargo no
es electivo. La Constitución provincial de 1900 establece
que los intendentes son designados por el Poder Ejecutivo.
El
año 1921 señala un hito en la historia de la provincia de
Santa Fe. Declarada la necesidad de la reforma de la Constitución
por la Legislatura, se convoca a una convención reformadora,
previas las elecciones correspondientes.
Luego
de varios meses de labor, se sanciona una nueva Constitución,
que, si bien no refleja todas las proposiciones de los convencionales
demócratas progresistas, contiene disposiciones acordes con
los nuevos tiempos, y las ideas que se abren paso a las naciones
más adelantadas. Se afianzan los derechos y garantías, se
prohíben loterías y juegos de azar, se otorga estabilidad
a los empleados públicos, se determina que el Estado “propenderá
a mejorar las condiciones de vida y de subsistema social,
fomentará y protegerá la producción, la cooperación, la mutualidad
y el ahorro, fijará la jornada máxima y el salario mínimo,
destinará una parte de la renta fiscal para la construcción
de casas para obreros, reglamentará el trabajo de los menores
y las mujeres y establecerá cámaras de arbitrajes para los
conflictos del trabajo”, declaró así mismo, el descanso hebdomadario.
La
nueva Constitución dispuso que la provincia adquiriría tierras
para venderlas en lotes no mayores de cincuenta hectáreas,
gravando el latifundio y al ausentismo para obtener los recursos
necesarios.
Estableció
la inamovilidad de los jueces y jerarquizó el régimen municipal;
en adelante las municipalidades de más de 25.000 habitantes
dictarían sus propias cartas orgánicas, y los ciudadanos tendrían
los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria.
La
educación común fue declarada obligatoria, y sería impartida
en forma gratuita, integral y laica. Se dispuso que se destinaría
no menos del 25 % de las rentas provinciales al fondo escolar.
Se
estableció así mismo la separación del la Iglesia y el Estado.
La
Constitución sancionada fue desconocida por el gobernador
Mosca, cediendo a insinuaciones del presidente Yrigoyen.
Lisandro
de la Torre defendió en la Cámara de Diputados de la Nación
la legalidad de la Constitución y su discurso, bajo el título
de “Poderes de las convenciones constituyentes”, se advirtió
en textos de los estudiantes de derecho constitucional.
La
política santafesina se desarrolla entonces entre la taba,
la empanada y el vino, la explotación del vicio, la persecución
de los opositores, los empréstitos clandestinos y el fraude.
La Salada, El Rabón y Villa Guillermina quedaron por años
en el anecdotario electoral al descubrirse que se había hecho
votar a ciudadanos fallecidos.
Cuando
el desánimo por la lucha desigual contra un ambiente tan hostil
pareció ganar a algunos dirigentes, surgió al primer plano
un grupo de jóvenes, Mario Antelo a los 27 años, fue designado
presidente de la Junta de Gobierno del Partido. A su lado
militaban, entre otros su hermano José, Carlos Gervasio Colombres,
Vicente Pomponio, Julio Noble y, con algunos años más, un
hombre de espíritu inquebrantable, voluntad férrea y lealtad
iclaudicable: Enzo Bordabehere.
Corría
el año 1926. Al finalizar el periodo legislativo del año anterior,
Lisandro de la Torre se había retirado de la actividad política.
En
1928 dos facciones del radicalismo se disputaban la provincia.
Contra toda esperanza, se proclamó la fórmula partidaria:
Francisco Correa - Otto Gschwind. En un discurso memorable
el candidato a gobernador, luego de expresiones de alta densidad
conceptual, que aún pueden leerse con provecho, dijo: “Si
somos pocos para triunfar, somos todavía muchos para desaparecer”.
Dos
años más tarde el Partido Demócrata Progresista ganaba la
minoría de la renovación de diputados nacionales: Francisco
Correa, Luciano Molina y Mario Antelo debían integrar la cámara,
que hasta el mes de agosto no había logrado iniciar sus sesiones
ordinarias. Cuando el desgobierno de Yrigoyen daba sus estertores,
Correa advirtió en un acto público, realizado en el Teatro
Nuevo de Buenos Aires el 27 de agosto de 1930, contra un posible
levantamiento militar.
Tal
era la debilidad del gobierno, que le bastó al general José
F. Uriburu marchar sobre la Capital con los cadetes del Colegio
Militar y tropas de comunicaciones para provocar la caída
y el desbande.
Uriburu,
amigo de L. de la Torre desde la revolución de 1890, en la
que habían participado juntos bajo el mando de Leandro Alem,
ofreció al líder demócrata progresista el Ministerio del Interior.
“Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria disidencia
de ideas con el general Uriburu. El general desconfía de la
capacidad del pueblo para gobernarse, no cree en la elevación
moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones
libres vicios orgánicos que las conducen a la demagogia. Yo
creo en el gobierno de la opinión pública”, dijo el líder
demócrata un año después.
Precisamente
la opinión, que había acompañado a Uriburu en los primeros
tiempos, comenzó a alejarse al observar que las promesas iniciales
de restablecimiento del libre juego de las instituciones se
convertía en el intento de fundar un régimen corporativista.
El
5 de abril de 1931, a siete meses de la revolución, se realizaron
elecciones en la provincia de Buenos Aires. El resultado frustró
las esperanzas de Uriburu y de los conservadores, que esperaban
un éxito electoral. La fórmula radical: Pueyrredón - Guido
resultó triunfante. El gobierno anuló las elecciones y proscribió
al Yrigoyenismo.
Uriburu
debió resignar sus ideas y convocó a elecciones nacionales
para el 8 de noviembre de 1931. Gran parte del radicalismo
antipersonalista, el socialismo independiente (un grupo fundado
por jóvenes legisladores del Partido Socialista) y los antiguos
núcleos conservadores levantaron la candidatura del Gral.
Agustín P. Justo. Los radicales completaron la fórmula con
José Nicolás Matienzo. Los otros, con el doctor Julio Roca,
hijo del jefe de la Campaña del Desierto.
El
Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista unieron
sus fuerzas bajo el nombre de Alianza Demócrata - Socialista
y proclamaron la fórmula Lisandro de la Torre - Nicolás Repetto.
La
campaña electoral movilizó tras la Alianza a la mayor parte
de la juventud y de la opinión independiente, en un clima
de civismo nunca vivido después en la República.
El
fraude electoral fue manifiesto y particularmente violento
en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Así se impusieron
los candidatos del gobierno.
En
la capital y Santa Fe, triunfó la Alianza. Con la victoria
en Santa Fe, fueron consagrados los candidatos demócratas
progresistas a gobernador y vice: Luciano Molinas e Isidro
Carreras.
Por la mayoría de Santa Fe llegaron a la Cámara de
Diputados de la Nación, entre otros, Enzo Bordabehere, Mario
y José Antelo (éste no se incorporó por haber sido nombrado
ministro de Gobierno por Molinas), Vicente Pomponio, Julio
Noble, Carlos G. Colombres, Mario Mosset Iturraspe, Gregorio
Parera y Francisco Correa.
La
Legislatura provincial eligió senadores nacionales a Lisandro
de la Torre y Francisco Correa.
El
gobierno de Luciano Molinas implantó, como lo había prometido
en la campaña electoral, la Constitución de 1921, promovió
las reformas legislativas consecuentes con la nueva Constitución
y otras destinadas a descentralizar el poder, asegurar los
derechos políticos, la vigencia del régimen municipal, la
independencia del Poder Judicial y el imperio de la legislación
laboral.
Saneó
las finanzas, tras suspender los servicios de la deuda externa
de la provincia y arreglar luego su pago en condiciones más
favorables, que fueron aceptadas por los acreedores que así
pudieron cobrar puntualmente en lo sucesivo; desarrolló un
amplio plan de obras publicas y puso en marcha la reforma
agraria con la subdivisión de latifundios, la implantación
de impuestos al ausentismo, y el aumento de la valuación de
la tierra libre de mejoras, a la par que se creó el Fondo
Escolar y la ley de Parques.
En
el Senado de la Nación, de la Torre y Correa tuvieron a su
cargo la defensa del gobierno santafesino, amenazado por el
régimen que impuso el fraude como sistema, al punto de llamarlo
patriótico.
Las
reformas propiciadas por el gobierno del Gral. Justo en materia
de construcción de elevadores de granos (de los que fueron
despojadas las cooperativas), de presupuesto, creación del
Banco Central, hallaron en los legisladores demócratas progresistas,
lúcidos y tenaces opositores.
Como
consecuencia del Convenio de Londres, firmado por el vicepresidente
Roca y Walter Runciman, presidente del Board of Trade inglés,
el Reino Unido se comprometía a no imponer restricciones a
la importación de carne vacuna enfriada procedente de Argentina,
“excepto cuando a juicio del Reino Unido, fuera necesario
asegurar a nivel de los precios del mercado del Reino Unido”
(sic). Como contrapartida el gobierno argentino no aceptaba
que el 85 % de las licencias de importación fueran distribuidas
por Gran Bretaña. Pero aún el restante 15 % sería negociado
por las vías existentes y en condiciones restrictivas para
el libre comercio.
Pero
si fuera poco, la Argentina se comprometía a mantener libres
de derechos el carbón y todas las mercaderías que gozaban
de ese privilegio, a no reducir las tarifas ferroviarias y
otras medidas referentes a los cambios.
Al
considerarse en el Senado, después de impugnar severamente
el convenio, de la Torre expresó: “Inglaterra no se toma la
libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones.
Los dominios británicos tienen cada uno su cuota y la administran
ellos. No sé si después de esto podremos seguir diciendo ‘
Al gran pueblo argentino, salud!’.”.
Le
lucha ética de Lisandro de la Torre alcanzaría su cumbre en
la investigación del comercio de las carnes, que él mismo
promoviera. Durante cinco sesiones consecutivas expone los
resultados de la investigación contra todos los obstáculos,
en frente de una coalición formidable de intereses, en frente
de un gobierno cuya mediocridad, en presencia del problema
ganadera, asombra y entristece. Ha descubierto un negociado
fabuloso. Las planillas escondidas en cajones rotulados “corned
beef”, a bordo de un buque, demuestran claramente los beneficios
del monopolio frigorífico. Afirma el líder antiimperialista
que el gobierno le consiente todo al monopolio, permitiendo
el incumplimiento de las leyes, perdonándole multas, no fiscalizando
el pago de impuestos, regalando el 25 % de las divisas, tolerando
estadísticas falsas, persiguiendo a las compañías argentinas
que quieren competir en el negocio y aún favoreciendo a los
frigoríficos extranjeros para que se queden con la exigua
cuota que el Convenio de Londres reservó a los argentinos,
con tal que no fueran empresas comercial.
Pero
también ha encontrado que no son favores gratuitos. El ministro
de Agricultura y otros ganaderos privilegiados reciben de
los frigoríficos precios excepcionales por sus novillos, mientras
cientos de miles de productores son esquilmados con fraude
en la clasificación y con precios bajísimos.
El
debate está llegando a su fin. El 23 de julio de 1935 la controversia
es violenta al extremo. El ministro de Agricultura agrede
a de la Torre, que pierde pie. El senador electo Enzo Bordabehere,
reemplazante de Francisco Correa fallecido en febrero de ese
año, al cual le habían dilatado la aprobación de su diploma
en una clásica maniobra política, corre a auxiliar a su líder.
Se escuchan disparos de revólver, cayendo Bordabehere asesinado
por la espalda. El autor de los disparos es Ramón Valdéz Cora,
guardaespaldas ministerial.
“Se
conoce el nombre del matador. Falta saber el del asesino”,
diría después Lisandro de la Torre.
“No
ha sido este crimen el final de un duelo de pasiones o de
ideas -dice el senador socialista Mario Bravo. Ha sido la
ejecución calculada, prevista, preparada. Se encontró al asesino
y se pactó con él un contrato de locaciones y servicios. Se
le abrió el camino desde el hampa hasta el Senado de la Nación”.
Dos
meses más tarde, el Poder Ejecutivo interviene la provincia
de Santa Fe, previa sanción de un proyecto presentado en el
Senado que se trata sobre tablas. El pretexto: la aplicación
de la Constitución del 21, que rige desde hace tres años.
Termina así un gobierno ejemplar. De allí en más, también
reinará en Santa Fe “fraude patriótico”.
Instalada
la intervención federal, nadie puede hacerle un cargo al gobierno
demócrata progresista. Más tarde, al sancionarse la ley que
acuerda una jubilación a los ex mandatarios provinciales,
Luciano Molinas será el único que no gestionará el beneficio.
Entre
tanto, en el Senado de la Nación, de la Torre continúa su
lucha. Asesinado Bordabehere, el cuerpo niega la incorporación
de Gregorio Parera, designado en su lugar por la Legislatura.
Corre
1936. Se debate un proyecto de ley “contra el comunismo”.
Lisandro de la Torre funda su oposición: “ A mí me separa
un abismo del comunismo. Como no he tenido nunca ambiciones
de mando, jamás he sacrificado mis principios evolucionistas
a nada y a nadie, y aun cuando mis ideas demócratas progresista
tiendan evidentemente a la izquierda, he rechazado siempre
la violencia para cambiar sistemas de gobierno, y sobre todo,
me repugnan las dictaduras, vengan de donde vengan porque
me hacen el efecto de ultraje”. Se opone a la sanción de la
ley porque pretende castigar la libertad de pensamiento “que
deslustra la tradición que nos legaron los grandes presidentes
argentinos:
En
1937, el 5 de enero, Lisandro de la Torre, renuncia al Senado.
En
tanto el Partido Demócrata Progresista se abstiene en las
elecciones provinciales de Santa Fe, donde el fraude, apelando
a los medios más groseros, impone a Manuel María de Iriondo,
de la llamada UCR de Santa Fe.
Para
las elecciones presidenciales de 1938, El Partido tampoco
presenta candidatos. El fraude se refinó y esta vez las urnas
fueron cambiadas en el Correo.
Así
fueron elegidos Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo. Dos
años antes, Alvear, que creyó en ciertas promesas del Gral.
Justo, no aceptó un intento de unidad con demócratas progresistas
y socialistas, que hubiera hecho imposible el fraude.
Un
nuevo intento de reunir a radicales, demócratas progresistas
y socialistas fue evitado por los primeros en 1937.
El
5 de enero de 1939, en su domicilio de Esmeralda 22 de Buenos
Aires, puso fin a su vida Lisandro de la Torre.
En
las elecciones de gobernador de la provincia de Santa Fe de
diciembre de 1940, el Partido Demócrata Progresista, con la
formula Luciano F. Molinas - José N. Antelo, fue derrotado
por la Unión Cívica Radical de Santa Fe (Argoz -Leiva), mediante
un fraude escandaloso, que consistió en cambiar nuevamente
las urnas en el Correo.
A
esa altura, el presidente de la Nación, Dr. Roberto M. Ortiz,
había abandonado su cargo, y el nuevo mandatario Dr. Ramón
S. Castillo, dio vía libre a la falsificación del comicio
como arma política, que Ortiz había comenzado a combatir.
Para
hacer frente a la elección presidencial de 1944, los partidos
democráticos iniciaron una serie de consultas, y estuvo a
punto de proclamarse la fórmula Pueyrredón - Molinas.
El
oficialismo proclamó la candidatura del Dr. Robustiano Patrón
Costas, y ante la inminencia del fraude, el radicalismo no
ocultó su auspicio a una solución militar. El 4 de junio de
1943, las Fuerzas Armadas depusieron a Castillo y el Gral.
Arturo Rawson se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Divergencias
surgidas entre los jefes militares, determinaron la renuncia
de Rawson, quien no llegó a jurar. El Gral. Pedro P. Ramírez
(Ministro de Guerra de Castillo) ocupó la presidencia.
El
carácter autoritario del nuevo gobierno y sus notorias simpatías
por los regímenes de Mussolini y Hitler tuvieron múltiples
manifestaciones en la restricción de las libertades publicas,
la intervención de las universidades y el despido de profesores
eminentes de pensamiento democrático, así como la disolución
de los partidos políticos y el establecimiento de la obligatoriedad
de la enseñanza religiosa, medidas estas ultimas dictadas
el día 31 de diciembre de 1943.
El
curso de la guerra, los conflictos internacionales con el
gobierno norteamericano y la reacción interna llevaron a cambios
en el gobierno. En marzo de 1944, Ramírez fue reemplazado
por el Gral. Edelmiro J. Farrell. La personalidad del Cnel.
Perón, afirmada desde la Secretaría de Trabajo, creada por
el gobierno de facto, tenía a su disposición todos los recursos
del Estado, en tanto la oposición sufría la discriminación
y la persecución oficial.
El
citado coronel fue nombrado vicepresidente. Se produjeron
los acontecimientos que culminaron con su renuncia, y, luego,
los sucesos del 17 de octubre de 1945, y el lanzamiento de
la candidatura de Perón.
El
Partido Demócrata Progresista, -que había combatido los excesos
del gobierno militar y sufrido cárcel y exilio de varios de
sus máximos dirigentes, entre ellos Luciano Molinas y Julio
Noble- ante la convocatoria a elecciones para el 24 de febrero
de 1946, se alineó junto a la Unión Cívica Radical y el Partido
Socialista en la Unión Democrática. El candidato militar triunfó
en las elecciones presidenciales con gran mayoría en la Cámara
de Diputados de la Nación. El Senado no permitió la incorporación
de los miembros electos por Corrientes, que pertenecían a
la oposición, y así se constituyó un cuerpo exclusivamente
oficialista.
El
Partido Demócrata Progresista obtuvo un diputado nacional,
el doctor Mario Mosset Iturraspe, que desarrolló una intensa
labor en el corto periodo que le asignó el sorteo (1946-48).
El
nuevo gobierno acentuó los rasgos autoritarios del facto,
que fue su antecesor y generador, asentadas ahora sobre la
mayoría popular lograda en el comicio. Prácticamente convertido
en partido único, el oficialismo entronizó el culto a la personalidad
de Perón, convertido en “hombre infalible”, persiguió a los
opositores, y en poco tiempo la sociedad argentina sufrió
la mayor división desde la época de Rosas: se era peronista
o antiperonista; sin trámites medios.
Esa
división tuvo una consecuencia lógica en el cuadro de las
agrupaciones políticas preexistentes. La polarización favoreció
a la Unión Cívica Radical, que recibió la adhesión expresa
e implícita en el comicio de muchos militantes de otros partidos,
que entendían conveniente el fortalecimiento del principal
partido opositor. Aquellas perderían, además, la posibilidad
de captar la adhesión de las nuevas generaciones.
Triunfante
el levantamiento militar de septiembre de 1955, todos los
partidos que habían combatido el régimen derrocado, integraron
la Junta Consultiva Nacional, asesora del Poder Ejecutivo
Nacional: Unión Cívica Radical, Partido Demócrata Nacional
(Conservador), Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista
y Partido Demócrata Cristiano, a la sazón de reciente creación.
El
gobierno revolucionario se puso a la tarea de desarmar la
estructura totalitaria montada por el Gral. Perón y ordenar
la economía del país, en grave crisis. Por una proclama del
27 de abril de 1956, declaró nula la Constitución de 1949,
que había sido sancionada con el fin fundamental de hacer
posible la reelección del mismo Perón.
El
Partido Demócrata Progresista sostuvo entonces la necesidad
de convocar a una convención constituyente, pues no admitía
que una proclama pudiera eliminar una constitución vigente,
a pesar de los vicios de origen de ésta.
El
gobierno hizo esa convocatoria. El Partido Demócrata Progresista
elaboró un amplio proyecto de reformas, consecuente con las
ideas que había sostenido durante muchos años: inamovilidad
de los jueces, régimen municipal autónomo con inclusión de
los derechos de iniciativa, revocatoria y referéndum, inclusión
en el articulo 14 de los derechos del trabajo, previsión y
asistencia médica, régimen agrario basado en la división de
los latifundios, inhabilitación a perpetuidad para ejercer
cargos públicos de quienes autorizaren o ejecutaren torturas,
afirmación de la autonomía de las provincias. “Ahora o nunca”
fue el lema de la campaña que Horacio R. Thedy desarrolló
en un discurso memorable.
Realizadas
las elecciones para elegir diputados constituyentes, resultaron
electos Luciano F. Molinas, José N. Antelo, Horacio R. Thedy,
Camilo Muniagurria y Luis Sgrosso por el P.D.P.
El
retiro de los convencionales intransigentes y conservadores
dejó a la Convención con quórum casi estricto, y finalmente
la deserción de los convencionales de la Unión Cívica Radical,
que respondían al dirigente cordobés Amadeo Sabattini, impidió
la continuación de los debates.
La
Convención Reformadora sólo alcanzó a sancionar el artículo
14 bis, que estatuyó los derechos de los trabajadores.
El
23 de febrero de 1958 se realizaron las elecciones convocadas
por el gobierno militar para reinstalar las autoridades constitucionales.
De acuerdo a los requerimientos de la Unión Cívica Radical
del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente, las dos
ramas en que había quedado dividido el viejo radicalismo,
las elecciones nacionales se realizaron por el sistema de
lista incompleta, mediante el cual el partido que reuniera
el mayor número de votos obtendrá los dos tercios de los cargos
legislativos, y el que lo siguiera el tercio restante. Cabe
señalar que el Ministro del Interior del gobierno del Gral.
Aramburu era el Dr. Carlos R. S. Alconada Aramburu.
El
peronismo había sido proscripto, siguiendo el ejemplo de Alemania
o Italia, después de la segunda guerra mundial.
El
Dr. Arturo Frondizi pactó con el ex presidente Perón. A cambio
del apoyo electoral de los partidarios de éste se comprometía
a cumplir una serie de condiciones. La existencia del pacto
fue negada enfáticamente por el Dr. Frondizi. Más tarde se
supo que había mentido.
El
Partido Demócrata Progresista proclamó la fórmula Luciano
F. Molinas - Horacio R. Thedy para afirmar la individualidad
partidaria.
En Santa Fe, la candidatura a gobernador del doctor
José N. Antelo -acompañado por Luis Guena en la fórmula- motivó
un gran movimiento de opinión, que hizo pensar en el triunfo
electoral.
Sin
embargo no fue así. La famosa “orden de Perón” fue acatada
por la mayoría de los votantes peronistas, que dieron su sufragio
a los candidatos de la Unión Cívica Radical Intransigente
y ésta triunfó en todas las provincias.
El
gobierno del doctor Frondizi tuvo la intención de reencauzar
la economía nacional. Las contradicciones con el programa
sustentado en la campaña electoral le enajenaron las simpatías
de muchos de sus propios votantes. Los conflictos obreros
se multiplicaron como consecuencia de una política económica
que redujo sensiblemente el valor de los salarios reales a
lo que se agregó el hostigamiento de los dirigentes gremiales,
de acuerdo a las instrucciones de Perón. Los planteos militares
se sucedieron sin solución de continuidad. Finalmente, tras
haber anulado las elecciones del 19 de marzo de 1962, el 28
de ese mes, Frondizi fue destituido por las Fuerzas Armadas.
El
Dr. José María Guido, presidente pro témpore del Senado asumió
la presidencia. En medio de conflictos militares que llevó
a los enfrentamientos armados de septiembre de 1962 y abril
de 1963, se celebraron elecciones el 7 de julio de 1963.
El
Partido Demócrata Progresista resolvió proclamar la candidatura
del Gral. Pedro Eugenio Aramburu. La Formula la completó el
Dr. Horacio R. Thedy.
El
Gral. Aramburu gozaba de un gran prestigioso entre muchos
sectores de la ciudadanía. A su personalidad vigorosa unía
una fe democrática, invocada permanentemente durante su gobierno,
y ratificada con el cumplimiento de la palabra empeñada al
entregar el gobierno al Dr. Frondizi, pese a los intentos
para evitarlo.
En
Santa Fe, los votos obtenido por fórmula partidaria, integrada
por Alfonso Aletta de Sylvas y Armando Borgna, obligaban a
otro partido de creación reciente -UDELPA- a unirse en el
colegio electoral con los demócratas progresistas, según un
acuerdo existente.
El acuerdo no se cumplió y fueron elegidos
los candidatos de la Unión Cívica Radical.
En
el orden nacional, los colegios electorales proclaman a los
candidatos radicales Arturo Illia y Carlos Perette, los más
votados popularmente, aunque sólo consiguieron el 22 % de
los sufragios.
El
Partido Demócrata Progresista realizó una gran elección. Doce
diputados se incorporaron al Congreso de la Nación. Otros
tantos diputados provinciales, senadores provinciales, gran
cantidad de concejales, intendentes y comunas en Santa Fe.
En
todos los órdenes los representantes partidarios desarrollaron
una intensa labor parlamentaria.
El
gobierno del doctor Illia no logró ensanchar su base de sustentación.
La falta de comprensión de la realidad política de la Nación
lo llevó al aislamiento.
El 25 de marzo de 1966 la Junta
Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata Progresista daba
a conocer una declaración, que comenzaba diciendo: “Del examen
del presente estado de la opinión surge una creciente sensación
de incertidumbre sobre la sobrevivencia del sistema democrático
que establece y garantía nuestra Constitución”...
...”Es
necesario establecer las bases que permitan consolidar firmemente
nuestro sistema político por el camino de la paz y de la ley.
El instrumento consiste en lograr un acuerdo entre las fuerzas
políticas argentinas”.
El
6 de abril el Dr. Horacio R. Thedy, secretario general de
la Junta Nacional del PDP, visitaba al Dr. Ricardo Balbín
para transmitirle personalmente la grave inquietud. Sin embargo,
no hubo reacción.
En
un clima de atonía general, las Fuerzas Armadas resolvieron
derrocar al gobierno, proclamar la llamada “Revolución Argentina”
y designar presidente al Gral. Juan C. Onganía. Los partidos
políticos fueron disueltos por decreto y sus bienes incautados.
Las universidades nacionales fueron intervenidas y varios
gremios de obreros sufrieron la suspensión de su personería
gremial.
En julio de 1967, la Junta Nacional del
Partido expresaba: “A más de un año de la sustitución del
gobierno civil, nada ha justificado la ruptura del orden legal".
"La
errónea conducción imputada al régimen depuesto no ha sido
rectificada.Todo está como estaba entonces, menos la vigencia
de la Constitución, de las organizaciones cívicas y gremiales
y de las demás instituciones, derechos y garantías que condicionan
el estilo de vida que es la democracia contemporánea”.
Pero,
al cabo de cuatro años, el nuevo gobierno había fracasado.
El Gral. Onganía fue reemplazado por el Gral. Levingston,
y a éste le sucedió el Gral. Alejandro A. Lanusse.
Por
iniciativa del doctor Horacio R. Thedy se reúnen representantes
del Partido Demócrata Progresista, Unión Cívica Radical, Partido
Justicialista y otros y firman un manifiesto bajo el lema
“La Hora del Pueblo”, empeñándose en una tarea común para
exigir el llamado a elecciones.
Convocada
la ciudadanía para elegir autoridades nacionales, provinciales
y municipales para el 11 de marzo de 1973, el Congreso Nacional
del Partido Demócrata Progresista, reunido en Rosario, a fines
de 1972 aprueba la integración de la Alianza Popular Federalista,
proclamando la formula Francisco Manrique - Rafael Martínez
Raymonda.
Los
candidatos sostenidos por el Partido ocupan el tercer lugar
con cerca de 1.800.000 votos.
En
Santa Fe, la formula Alberto Natale - Mario Verdú obtiene
el mayor numero de votos de toda la historia partidaria. Ubicado
en segundo lugar, debe disputar en ballotage con los candidatos
del frente Justicialista de Liberación. La Unión Cívica Radical
ocupa el tercer lugar. El 15 de abril de 1973 en la segunda
instancia, triunfaba la fórmula Sylvestre Begnis - Cuello.
Natale - Verdú consiguen 440.000 votos.
El
25 de mayo de 1973 asumieron las nuevas autoridades. Los doctores
Hector J. Cámpora y Vicente Solano Lima, presidente y vice,
sólo duraron dos meses. La crisis interna del partido gobernante
trajo los sangrientos sucesos del 20 de junio de 1973 en Ezeiza,
al regreso de Perón, y un estado de descomposición general,
que sería crónico hasta 1976. Luego del interinato de Raúl
Lastiri, yerno de José López Rega, el 23 de setiembre de 1973,
las elecciones dieron el triunfo a la fórmula integrada por
el matrimonio Perón. Pocos meses después, la muerte del general
Perón, determinaba el ascenso al poder de María Estela Martínez.
La crisis económica se acentuó hasta extremos inimaginables
y la violencia cobró más de 500 víctimas entre julio de 1974
y junio de 1975.
La
grave situación derivada del vacío de poder existente, llevó
al bloque de diputados nacionales del Partido Demócrata Progresista
a proponer el juicio político a la presidenta de la Nación.
La iniciativa no halló el acompañamiento del número necesario
para prosperar.
El
10 de febrero de 1976 la Junta Nacional del P.D.P. emitía
esa grave declaración: “La señora María Estela Martínez de
Perón debe renunciar a la presidencia de la República... La
permanencia en el cargo sólo servirá para agudizar vertiginosamente
la honda crisis que atraviesa la Nación. Debe ella facilitar,
con su renuncia, una solución que, si no se logra de inmediato,
puede llevarnos por canales de imprevisibles consecuencias
futuras... Mientras la violencia, la crisis económica y la
corrupción, deterioran el cuerpo social de la República quienes
tienen la responsabilidad de dirigir discuten prepotentemente
sus afanes de poder”.
Los
dirigentes partidarios realizaron en esos meses múltiples
gestiones tendientes a acordar un sistema de garantías, que
mantuvieran el funcionamiento de los órganos constitucionales.
Una suerte de fatalismo dominaba, a la sazón, los ambientes
políticos, y nada se hizo.
Finalmente,
el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo
del gobierno.
El
14 de septiembre de 1979 llegó al país con el objetivo de
verificar el cumplimiento de los acuerdos sobre derechos humanos
la Comisión Interamericana, que motivara la siguiente Declaración
de la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata
Progresista que expresaba lo siguiente:
La presencia de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos es consecuencia de los acuerdos constitutivos
del sistema interamericano, cuya consolidación se ha logrado
con el apoyo permanente de la República Argentina.-
Su visita no puede enorgullecernos, ya que refleja
la hondura de la crisis vivida en la Argentina durante la
última década.- Empero puede constituir la clausura definitiva-
así lo anhelamos- de una prolongada instancia de pérdida de
la racionalidad política y de los niveles elementales de civilización.-
“Los demócratas progresistas, consecuentes con nuestro
pensamiento y nuestro accionar, hemos levantando en forma
constante una enérgica voz de indignación cada vez que se
ha usado la violencia como instrumento de acción política-
Nos sentimos con derecho a opinar, porque jamás distinguimos-
como otros sibilinamente lo han hecho- “entre muertes buenas
y muertes malas”. Cuándo diez años atrás comenzó la violencia
entre nosotros, al asesinarse al general Aramburu, afirmamos
nuestro indignado repudio. Ese ciclo aún no ha tenido cierre
definitivo.-
“Es evidente que los niveles de seguridad general son
hoy altamente mayores que años atrás cuando, en medio del
caos, el crimen era un riesgo potencial para cada argentino.
También es cierto que todavía persistente incertidumbres,
cuando no certezas, de hechos que lesionan hondamente la dignidad
humana.-
“El homicidio, el secuestro, el asalto, la desaparición,
el terrorismo en todas sus manifestaciones, jamás serán compatibles
con los principios elementales que regulan la convivencia
social”.-
“La violencia es ilegítima en sí misma”. No hay violencia
que justifique violencia. La única válida es la que ejerce
el Estado por medio del orden jurídico y que por eso no es
violencia sino ejercicio del poder.-
“Los que hoy levantan voces de agravio que no resonaron
ayer, tienen tanta responsabilidad como aquellos que ahora
muestran indiferencia”. Las incontables víctimas del drama
argentino serán testimonio de la crueldad que no se supo contener
a tiempo, cuando estaba en gérmenes, y fue alentada desde
adentro y desde afuera con eufemismos canallescos, incluso
admitiendo su participación activa dentro de agrupaciones
políticas. Ni la violencia de arriba justifica la violencia
de abajo, como tantos irresponsablemente dijeron, ni la violencia
de abajo justifica la violencia de arriba.-
“No es hora de reabrir heridas incurables.
Sí es tiempo de cerrar aquellas que puedan suturarse. La presencia
del organismo interamericano en nuestro seno será eficiente
si nos ayuda a tomar conciencia colectiva de que nunca
más podrá ejercerse la violencia en la Argentina. La paz
debe sellarse en el respeto silencioso de todos nuestros muertos
y en el compromiso absoluto de cerrar definitivamente esta
trágica etapa de la vida nacional”.-
Reinstalada
la democracia en 1983, el Partido Demócrata Progresista proclama
la fórmula presidencial Martínez Raymonda - René Balestra,
obteniendo el triunfo en varias comunas y municipios santafesinos.
Así mismo se incorporaron a la Legislatura provincial un considerable
bloque de diputados demoprogresistas.
Cabe destacar que en 1989, el P.D.P.
obtiene un resonante triunfo en las elecciones municipales
de Santa Fe, consagrando a Enrique Muttis como intendente
de la ciudad capital de la provincia. Lamentablemente, el
mismo fallece en ejercicio de sus funciones.
Desde
1985 hasta nuestros días, la democracia progresista ha estado
representada en el Congreso de la Nación por Alberto Natale,
Enrique Muttis, Rafael Martínez Raymonda, José María Antelo,
Juan Carlos Varela Barrio, Mario Verdú, Carlos Caballero Martín
y María Emilia Biglieri.
La actuación que les correspondiera
a los legisladores nacionales se refleja en la publicación
“LOS DEMÓCRATAS PROGRESISTAS EN LOS CONGRESOS DE LA NACIÓN”
Caracterizado
por un estilo, una conducta, el Partido Demócrata Progresista
constituye una reserva moral que los argentinos muestran con
orgullo en momentos tan proclives a renunciamientos en materia
de conductas éticas y morales.
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